El Gobierno requiere herramientas para la revisión, evaluación y control que otorga esta especialidad.
Raúl Muñoz Valle
Ex presidente Colegio de Contadores de Chile e investigador asociado de CISO
A raíz de los recientes y escandalosos acontecimientos denominados “Casos Convenios”, que dañan la confianza en el sistema político, surge la necesidad de revisar los procedimientos con que estos contratos se llevan a cabo. Actualmente, el rol fiscalizador recae en la Contraloría General de la República, sin la cual no se habría conocido la profundidad y la extensión de los casos en que fundaciones de poca historia y expertise ganaron millonarios contratos de servicios con el Estado.
Sin embargo, normalmente la Contraloría actúa ex post, cuando el ilícito ya se llevó a cabo.
En nuestro ámbito profesional como Contador Público-Auditor, contamos con herramientas para la revisión, evaluación y control necesarias, que nos otorga la especialización de Auditoría de Gestión. Esta disciplina tiene por objeto emitir una opinión técnica y fundada respecto a las materias sometidas a su examen, y, cuyas características de actuación son de forma interdisciplinaria y proactiva con criterio independiente y objetivo.
En este contexto, es imperativo que la gestión gubernamental invoque al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAI) como órgano asesor del Presidente de la República y de sus Ministros. Este Consejo fue creado, con una visión de política pública, en el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en los inicios de su mandato. Entonces, dejó a cargo de esta institucionalidad a los contadores Rodrigo Moraga Guerrero, como coordinador general, apoyado por Luis Téllez Mellado, ambos profesionales con comprobada experiencia en el tema.
Esta importante iniciativa tenía como objetivo examinar las normas, procedimientos y métodos vinculados tanto a los procesos de contratos directos de bienes y servicios, como a la adjudicación de licitaciones en el ámbito público, conforme a los requerimientos de control y gestión de la administración. Es lamentable que en los siguientes gobiernos esta Comisión no haya continuado operando como se concibió en sus inicios.
Se trata de una función importante: la disciplina de auditoría interna de gestión también constituye un valioso aporte a la labor y función de los gobiernos corporativos de las grandes empresas que transan en bolsa en su obligación legal de establecerlos y hacerlos funcionar para resguardar el interés de los accionistas minoritarios y el ejercicio de buenas prácticas.
El “Caso Convenios” es una evidencia clara de que esta disciplina no debe quedar reservada para
