En el contexto de un debate político cada vez más polarizado, Neftalí Carabantes aborda en su más reciente columna la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte en Chile, una idea impulsada por ciertos sectores políticos como respuesta al aumento de la delincuencia y los crímenes violentos. Sin embargo, el autor advierte sobre las graves implicancias de esta medida, argumentando que, lejos de representar una solución efectiva, reintroducir la pena capital sería un retroceso en materia de derechos humanos y justicia penal.

Uno de los puntos centrales del análisis de Carabantes es la irreversibilidad de la pena de muerte. En un sistema judicial imperfecto, siempre existe el riesgo de condenar a personas inocentes. La historia ha demostrado numerosos casos en los que errores judiciales han llevado a ejecuciones injustas. «Cuando un Estado ejecuta a un inocente, no hay posibilidad de enmendar el error», señala el autor, enfatizando la falibilidad del sistema de justicia.

Además, Carabantes cuestiona la efectividad de la pena de muerte como una herramienta para reducir la criminalidad. Citando estudios internacionales, argumenta que no existen pruebas concluyentes de que la aplicación de la pena capital tenga un efecto disuasivo significativo en los delitos violentos. En países donde se ha mantenido esta práctica, las tasas de criminalidad no han mostrado reducciones considerables en comparación con aquellos que la han abolido.

Otro aspecto relevante abordado en la columna es la tendencia global a eliminar la pena de muerte. En 1977, solo 16 países habían abolido la pena capital para todos los delitos; hoy, más de 140 naciones han eliminado esta práctica, ya sea de manera formal o mediante moratorias de facto. En América Latina, Chile es uno de los países que han avanzado en esta materia, eliminando la pena de muerte para delitos comunes en 2001. Sin embargo, aún se mantiene en el Código de Justicia Militar para ciertos crímenes excepcionales, un resabio de otra época que, según Carabantes, debería ser erradicado definitivamente.

El autor también hace hincapié en la incompatibilidad de la pena de muerte con los tratados internacionales suscritos por Chile. El Pacto de San José de Costa Rica, al cual el país está adscrito, establece que los estados que han abolido la pena capital no pueden reintroducirla. En este sentido, una eventual reinstauración pondría a Chile en una situación de incumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos, con posibles repercusiones diplomáticas y jurídicas.

Finalmente, Carabantes propone que en lugar de debatir sobre la pena de muerte, el foco debe estar en fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención del delito, mejorar las condiciones carcelarias y garantizar que las penas sean efectivas en términos de rehabilitación y reinserción social. Argumenta que una sociedad que aspira a la justicia no puede basar su sistema penal en la venganza, sino en la construcción de mecanismos que reduzcan la criminalidad desde sus causas estructurales.

En tiempos de crisis y preocupación por la seguridad, el llamado de Carabantes es claro: más que respuestas punitivas extremas, Chile necesita reformas profundas en su sistema de justicia y políticas de seguridad ciudadana que sean eficaces, humanas y respetuosas de los derechos fundamentales.

Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-neftali-carabantes-muerte-a-la-pena-capital/