Jul 27

Marcelo Díaz: «Pensar el futuro: el desafío de la nueva Constitución para la socialdemocracia chilena»

Revisando las últimas encuestas, que denotan un fuerte pesimismo en la percepción ciudadana respecto del futuro inmediato del país, enfatizándose en ellas la opinión -casi unánime- que la economía chilena está estancada o decreciendo; y considerando que el 2021 resultará decisivo para el quehacer próximo, debido al inusual número de elecciones a las que seremos convocados, ya sea por la alteración del calendario electoral, fruto de la pandemia de COVID–19, o por la elección de nuevas autoridades y representantes, como es el caso de Gobernadores Regionales y, eventualmente, de constituyentes; considero que ya resulta necesario comenzar a cavilar, desde nuestra perspectiva socialdemócrata, sobre ese futuro inmediato y, en particular, respecto al inusual hecho que, por primera vez en la historia patria, seremos los propios ciudadanos quienes podremos elaborar -entre todos- una nueva Carta Fundamental que rija nuestros destinos.

Teniendo presente que nosotros y nuestros aliados terminamos derrotados en las últimas elecciones presidenciales, desvaneciéndonos como entidad política formal y transformándonos en una oposición disgregada y fragmentada, y reparando en que el difícil contexto que actualmente enfrentamos ha puesto sobre el tapete nuevos y exigentes retos, la elaboración de una nueva Constitución Política resulta hoy más urgente y ambiciosa.

Urgente, porque las más recientes encuestas presidenciales, ante la pregunta “¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile?”, informan como resultado una alta mención para el alcalde de Las Condes, y sempiterno candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín. Así, de confirmarse en las urnas la conclusión de las encuestas, que se encuentran en congruencia con otras anteriores, el gobierno central del país se mantendrá por el siguiente cuatrienio en manos de la actual coalición gobernante.

Ambiciosa, porque el estallido social de octubre de 2019, sin perjuicio de visibilizar el malestar nacional por las carencias de equidad, permitió alcanzar un amplio y trascendental acuerdo político para someter al escrutinio ciudadano, a través de un plebiscito, la necesidad de una nueva Constitución; y porque la pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia de contar con un Estado proactivo en materias de salud, protección social y desarrollo económico.

Se trata así de encauzar nuestros esfuerzos (aquí no caben iniciativas sólo individuales) para aportar al debate de las inquietudes reseñadas, buscando un nuevo consenso o acuerdo de mayoría, que permita a la ciudadanía que no se siente representada o se considera defraudada por el actual gobierno aspirar seriamente a triunfar en las próximas elecciones sucesivas.

A partir de la modificación del calendario de votaciones por la pandemia, el plebiscito para dirimir si tendremos o no una nueva Constitución quedó finalmente dispuesto para octubre de 2020, siendo éste el primero de los eventos electorales sucesivos a afrontar. Sin lugar a dudas, el plebiscito constitucional, cualquiera sea su resultado, será el hecho político de mayor relevancia para el futuro inmediato del país. Por consiguiente, resulta de Perogrullo colegir que el primer tema a tratar al pensar en el futuro inmediato es también cómo enfrentar ese desafío. Al efecto, si bien tenemos como activo la opinión favorable de la ciudadanía, reflejada en las encuestas, donde el “apruebo” resulta ganador por amplio margen, lo cierto es que ninguna elección está ganada antes de tiempo y la legitimidad que amerita una nueva Carta Fundamental requiere un apoyo ampliamente mayoritario.

Sobre este último particular, aparece de manifiesto la obligación de hacer una constante pedagogía política, que permita espantar temores infundados de la ciudadanía indecisa, consecuencia de la desinformación interesada y generalizada que emana de sectores conservadores contrarios al cambio. Necesario parece, asimismo, sumar a esta tarea pedagógica a alcaldes y dirigentes sociales, cuya identificación como reales interlocutores ciudadanos se ha fortalecido en el último tiempo.

De ganar el “apruebo” en el plebiscito y, especialmente, la Convención Constituyente como mecanismo para escribir la nueva Constitución (aunque también resulta válido de triunfar la opción Convención Mixta), el segundo lugar en nuestro orden de prelación debe ocuparlo la formación de los candidatos a constituyentes. El ideario socialdemócrata es feraz para el constitucionalismo moderno. Fruto de largas luchas por senderos democráticos en todo el mundo, a la Socialdemocracia no le son ajenas cuestiones como la protección jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, conocidos como Derechos Humanos de segunda generación; la participación activa del Estado en la economía o la protección efectiva y eficaz del medio ambiente. La Asamblea o Convención Constituyente es una oportunidad única para impulsar nuestra doctrina en la Carta Fundamental, para lo cual se requieren constituyentes empoderados por el resultado electoral, pero también conocedores de nuestro ideario, para que puedan promoverlo en el debate republicano de rigor y plasmarlo en el texto de esta nueva normativa primordial.

Temas trascendentales, como cuál es el rol que corresponde al Estado en la economía, o si la descentralización política fortalece la democracia como sistema de gobierno, han sido tratados por líderes y pensadores socialdemócratas desde hace tiempo, y llevados a la práctica, por gobiernos de igual signo, en distintos lugares del mundo. Eduard Bernstein, padre de la Socialdemocracia moderna, por ejemplo, advertía ya -a comienzos del siglo XX- que “en una buena ley de empresas puede haber más socialismo que en la nacionalización de todo un conjunto de fábricas”. Por su parte, la tradición histórica del mundo nórdico en términos de descentralización a nivel local y municipal, impulsada por regímenes socialdemócratas, ha contribuido a la descentralización de los servicios públicos universales en países como Noruega y Suecia y a sus lazos con instituciones, valores y prácticas democráticas.

Precisamente, esta materia, la descentralización, debería ser nuestra última preocupación inmediata. La elección de Gobernadores Regionales en 2021 implicará un cambio relevante en la distribución del poder político nacional, y junto con la elección de alcaldes y concejales será la antesala de las elecciones presidenciales y parlamentarias de fines de ese año.

Así como el plebiscito de octubre será el gran hecho político de este período; uno de los más relevantes de 2021 será la elección, por primera vez en la historia de Chile, de las máximas autoridades de cada Región. Y, si bien sus competencias no son todavía del todo definidas en nuestro Ordenamiento Jurídico, cuestión que asoma como potencial foco de conflicto futuro, lo cierto es que la sola circunstancia de existir gobiernos de distinto signo a nivel central y regional, augura quizás uno de los principales cambios políticos, económicos y sociales que, en más de doscientos años de independencia, ha vivido nuestro país.

La repartición del poder desde el nivel central de un Estado unitario como el chileno a sus regiones, es y será un reto mayor, que requiere de todos nosotros, y del que no podemos quedar ajenos.

La suerte está echada, ¿tomaremos el guante?

 

Esta columna ha sido publicada en formato podcast. Puedes escucharla haciendo click aquí.