Chile enfrenta actualmente una de las crisis más profundas de su sistema penitenciario en décadas. Diversos errores operativos recientes, casos de corrupción dentro de Gendarmería de Chile y la fuga de reclusos desde recintos penitenciarios y tribunales han evidenciado un deterioro institucional que compromete la capacidad del Estado para mantener el control efectivo de las cárceles.
Sin embargo, según plantea el investigador Neftalí Carabantes, el problema no se limita al hacinamiento o a la falta de recursos. El desafío principal es la pérdida de gobernanza intramuros, fenómeno que ha permitido la consolidación de estructuras de crimen organizado al interior del sistema penitenciario.
Las cifras reflejan con claridad la magnitud del problema. Mientras en 2020 la población penal alcanzaba las 38.297 personas, en enero de 2026 superaba las 64 mil, en circunstancias que la capacidad instalada del sistema carcelario bordea las 42 mil plazas. Esto implica niveles de ocupación superiores al 146%, lo que agrava las condiciones de seguridad y dificulta los procesos de reinserción.
En paralelo, se estima la existencia de cerca de 1.100 bandas criminales al interior de los recintos penitenciarios, de las cuales al menos 500 mantienen actividad delictiva operativa desde las cárceles.
Este escenario ha modificado la dinámica interna del sistema penitenciario. El aumento de la violencia intracarcelaria, las amenazas contra funcionarios y sus familias, las redes de extorsión y el reclutamiento criminal dentro de los recintos evidencian que el encarcelamiento, en determinadas condiciones, puede terminar reproduciendo dinámicas delictivas en lugar de reducirlas.
Frente a este contexto, Carabantes destaca la relevancia de la reforma constitucional que propone trasladar la dependencia institucional de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública.
Este cambio permitiría integrar el sistema penitenciario dentro de la arquitectura nacional de seguridad, reconociendo que las cárceles constituyen hoy un frente estratégico en la lucha contra el crimen organizado.
Entre los principales efectos esperados de esta reforma se encuentra una mayor coordinación operativa con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio Público, particularmente en materias de inteligencia penitenciaria, traslados de internos de alto riesgo e investigaciones sobre redes criminales activas desde el interior de los recintos.
Asimismo, la propuesta avanza hacia la consolidación de Gendarmería como una policía penitenciaria profesionalizada, con mayor capacidad operativa, estructura jerárquica fortalecida y herramientas institucionales adecuadas para enfrentar la complejidad del crimen organizado contemporáneo.
Otro aspecto relevante señalado en el análisis es la necesidad de avanzar en la clasificación y segregación de la población penal de mayor peligrosidad, mediante la expansión de recintos especializados como el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, junto con un aumento sostenido de la inversión en infraestructura penitenciaria.
La crisis penitenciaria también impacta indirectamente en el funcionamiento del sistema judicial. Las condiciones de hacinamiento influyen en decisiones relacionadas con medidas cautelares, particularmente en audiencias de control de detención y resoluciones sobre prisión preventiva.
En este escenario, la reforma propuesta permitiría otorgar mayor prioridad política a la realidad penitenciaria y redefinir el rol estratégico de Gendarmería dentro del sistema de seguridad del Estado.
El análisis concluye que fortalecer la legitimidad del monopolio estatal de la fuerza dentro de las cárceles es una condición indispensable para enfrentar los nuevos riesgos asociados al crimen organizado, junto con avanzar en políticas eficaces de rehabilitación social y reinserción, entendiendo el encarcelamiento como un instrumento de última ratio dentro del sistema penal.
Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2026/03/18/la-vital-reforma-a-gendarmeria/
