En este artículo se presenta un campo de principios, recomendaciones internacionales y legislación comparada como insumos para un debate en torno al rol e implicancias de las redes sociales y de los contenidos falsos o maliciosamente viralizados, difundidos entre las audiencias. A su vez, se proponen sugerencias y posibilidades para nuestra legislación y realidad digital.
Cada vez más vemos cómo emerge desde las corrientes de reflexión en torno a las industrias de medios, las universidades y los organismos internacionales como Unesco, un llamado a regular el comportamiento editorial de las redes sociales, con el fin de limitar, en el tráfago de mensajes, los contenidos y noticias falsas y las publicaciones difamatorias. A esta preocupación se suma la Comisión Europea con su Digital Services Act (DSA), que establece obligaciones claras en materia de transparencia algorítmica y moderación de contenidos, así como la Federal Trade Commission en EE.UU., que ha iniciado investigaciones sobre el uso indebido de datos y las prácticas monopólicas de las grandes plataformas.
Adicionalmente, se ha establecido fehacientemente el rol distorsionador de los bots y trolls, y consecuentemente, la necesidad de regular dichas herramientas de promoción, además de las cuentas falsas. La irrupción de la inteligencia artificial generativa agrega un nuevo nivel de complejidad: imágenes, audios y videos sintéticos pueden crear realidades alternativas indistinguibles de lo real, lo que plantea desafíos inéditos para la verificación de la información y para la confianza en el espacio público digital. La pregunta ya no es solo cómo limitar bots automatizados, sino cómo enfrentar deepfakes, audios falsos y textos generados a escala que pueden incidir en procesos electorales o en crisis sociales.
Por otra parte, en el mundo social ciudadanas y ciudadanos habitan transitorios y superpuestos roles de prosumidores, consumidores, clientes, usuarios, integrantes, miembros, audiencias, electores… múltiples formas que adopta diariamente este sujeto cultural, ahora digital. Instalado en ese mundo social, el dilema o la necesidad de regular los ecosistemas digitales choca inmediatamente con el derecho a la privacidad como un asunto angular. Un principio rector que, sin embargo, vemos a diario vulnerado bajo las distintas formas tecnológicas de recolección masiva de datos, perfiles de comportamiento y publicidad hipersegmentada. Estos mecanismos, más que garantizar autonomía, erosionan la capacidad de decisión informada del ciudadano global del siglo XXI.
En este marco de ideas, ya no es posible desconocer el dilema, la necesidad o el imperativo de regular las redes sociales y las plataformas digitales. Ya sea por su impacto, esquemas de vulneración de derechos previos, o por el mero hecho histórico que significa que otras industrias de medios como la radio, la televisión o la prensa escrita sí tuvieron y tienen regulaciones exigibles, que han demostrado ser eficaces en equilibrar derechos y obligaciones. El argumento de la excepcionalidad digital empieza a diluirse cuando constatamos que las plataformas cumplen roles similares a los medios tradicionales en la formación de opinión pública, pero sin los contrapesos regulatorios que aquellos enfrentan.
Ahora bien, ¿es posible tecnológicamente sostener una regulación nacional sobre redes sociales que refiera, por ejemplo, a los contenidos que se emiten o difunden? ¿Podemos regular el uso de bots y trolls? ¿Podremos limitar el desarrollo de realidades visuales construidas con IA? Sabemos que la censura de contenidos digitales opera muy bien en regímenes autocráticos y dictaduras. Por lo tanto, el pleno y absoluto control de contenidos es técnicamente posible. El dilema opera entonces en las democracias modernas, en las que los principios de libertad de expresión, pluralismo y derechos digitales se confrontan con vulneraciones, indeterminaciones y opacidades en torno al alcance real de la desinformación.
El reto consiste en explorar posibilidades regulatorias que sean viables, y para ello es importante recoger la experiencia internacional. En ese sentido se aprecian dos tendencias o desafíos globales: la fragmentación normativa, que implica que muchos países han adoptado regulaciones propias pero sin coordinación internacional, generando fricciones con los estándares globales de libertad de expresión; y el dominio de las grandes plataformas, cuyo poder concentrado plantea desafíos para la equidad, la transparencia algorítmica y la competencia justa. Alemania con la NetzDG, Francia con sus leyes contra el discurso de odio y Brasil con el proyecto de Ley de Fake News son ejemplos de regulaciones fragmentadas que muestran la dificultad de construir un marco común.
No hay respuestas simples ni modelos únicos. Pero sí hay un consenso creciente: la autorregulación de las plataformas ha demostrado ser insuficiente. Lo que está en juego es el equilibrio entre la libertad de expresión, la protección de derechos fundamentales y la sostenibilidad de un ecosistema digital confiable. El futuro de un marco regulatorio para las redes sociales dependerá de la capacidad de articular estándares comunes internacionales, fortalecer organismos de verificación independientes, promover la educación mediática y garantizar que la innovación tecnológica no debilite la base democrática de nuestras sociedades.
