La salud mental se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y sanitarias a nivel mundial y nuestro país no es la excepción. En este artículo revisaremos en detalle diferentes investigaciones recientes, que evidencian un aumento sostenido del malestar psicológico, la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales en Chile, los que se acentúan en contextos de desigualdad social y precariedad económica. Los estudios también muestran que el deterioro de la salud mental en Chile no puede comprenderse únicamente desde una perspectiva clínica individual, sino que debe analizarse desde un enfoque sistémico y social. Factores como las desigualdades socioeconómicas, la precariedad laboral, la sobrecarga de cuidados en mujeres y las debilidades del sistema de atención público de salud mental, configuran un escenario que muestra un grave deterioro del bienestar psicológico de la población, hecho no tan visible en los medios de comunicación masiva.
La Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) del Ministerio de Salud (MINSAL), entre los años 2015 y 2025, señala en la dimensión de “Calidad de Vida” que, aunque la percepción de bienestar y salud se mantiene estable en general, las condiciones subjetivas del bienestar han empeorado. Si bien los indicadores de empleabilidad, situación económica y brecha de género sugieren una leve mejora en promedio, esta mejora no se traduce realmente en una percepción positiva de la calidad de vida de los entrevistados, evidenciando una disociación entre los indicadores de bienestar de la población que reflejan promedios versus la percepción subjetiva de las personas. En el ámbito de la salud mental, los resultados son consistentes en señalar una alta prevalencia de sintomatología ansiosa, depresiva y de estrés. Se destaca que los niveles de ansiedad en población adulta alcanzan cifras cercanas al 40-47%, mientras que el estrés frecuente o permanente afecta a aproximadamente a un 77%. Asimismo, se identifican niveles elevados de ideación suicida en personas mayores, en donde la percepción de soledad emerge como un factor transversal significativo, lo que refuerza la hipótesis de que los determinantes psicosociales (como el aislamiento, la precariedad relacional y la inseguridad económica) desempeñan un rol central en la configuración del malestar mental.
Cabe al respecto recordar un estudio realizado por la BBC en diciembre de 2025, que informó sobre el número de muertes por suicidio en nuestro país, superando los 1800 casos anuales. El mayor porcentaje se da entre jóvenes de 20 y 24 años y luego entre personas de la tercera edad. Los expertos asocian la gran mayoría de estos casos con cuadros de depresión no tratados, soledad y el deterioro de la salud mental infanto-juvenil, población especialmente vulnerable y con acceso deficitario a profesionales de salud mental, por sobre carga del sistema de salud y factores económicos, entre otros.
Un estudio de años anteriores desarrollado por el MINSAL, “Radiografía del cambio Social en Chile 2016-2021” también evidencia que, aunque la población chilena reporta altos niveles de satisfacción con la vida (alcanzando un 83,7% en 2021), esto coexiste con una baja autopercepción de salud mental y una alta prevalencia de síntomas depresivos, lo que refuerza que existe en este sentido una paradoja entre la percepción de bienestar y salud mental. Más de la mitad de la población presenta algún nivel de sintomatología depresiva el año 2021, lo que confirma que el deterioro de la salud mental en el país se mantiene hasta la fecha actual. Además, este análisis, también confirma que las mujeres se ven más afectadas en su salud mental respecto de los hombres (hasta tres veces más en algunos grupos), lo mismo se ven mayores grados de afectación en personas con menor nivel socioeconómico y a quienes presentan condiciones laborales precarias. Es decir, factores como la desigualdad, la sobrecarga laboral y la inseguridad económica aumentan tanto el riesgo como la persistencia de síntomas depresivos. Este estudio también confirma que variables como el nivel educacional, el empleo y el endeudamiento están fuertemente asociadas a la salud mental. El trabajo estable actúa como factor protector, mientras que la informalidad, el desempleo y el endeudamiento incrementa el riesgo de depresión. Cabe destacar que existen estudios que indican que la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a su salud mental también tiene como factor importante el hecho que los hombres suelen acceder menos al médico o psicólogo en búsqueda de ayuda, en comparación a las mujeres. Estas últimas tienen una mejor aceptación sociocultural de los problemas de salud mental por lo que reciben más diagnósticos de depresión o trastorno ansioso, mientras que los hombres suelen consultar más, o tienen más riesgo de trastornos, por uso de sustancias.
El estudio “Termómetro de Salud Mental 2025” que realiza la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), evidencia que los problemas de salud mental continúan afectando de manera significativa a la población adulta urbana, con una prevalencia mayor en mujeres que en hombres. Un 12,7% de las personas reporta problemas de salud mental, mientras que la depresión alcanza un 13% y la ansiedad se posiciona como el trastorno más frecuente, afectando al 25,8% de la población. Consistente con los otros estudios revisados, las mujeres presentan porcentajes considerablemente más altos que los hombres en todos los indicadores. Asimismo, se observa un aumento de factores asociados al deterioro del bienestar psicológico, como el bajo apoyo social (10,4%) y la percepción de soledad, especialmente entre personas de 30 a 39 años. En conjunto, los resultados muestran la persistencia de brechas de género y la relevancia de la soledad y el apoyo social como factores que inciden de manera significativa en la salud mental de la población.
Por otro lado, es interesante señalar la diferencia paradójica que existe entre el alto impacto que tienen las enfermedades mentales en la población y la escasa asignación de recursos económicos para hacerles frente. El Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025 señala que el presupuesto de salud mental bordea apenas entre el 2,13% y 2,4% del gasto total en salud, mientras que las cifras de prevalencia y carga de enfermedad muestran que los trastornos mentales representan hasta un 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura (AVISA) en el país y hasta un 31,5% de la población desde los 15 años en adelante, han tenido un problema de salud mental a lo largo de su vida. Esta discordancia podría implicar que la red pública no logra cubrir la demanda asistencial en psiquiatría, es más, el mismo Plan Nacional de Salud Mental estima que la cobertura de tratamiento llega a apenas un 20%. A esto se suma que el bajo nivel de financiamiento obliga a que el sistema actual se centra en tareas curativas por sobre las preventivas, aumentando aún más el gasto.
En coherencia con la problemática que evidencian los estudios señalados, entre otros, en julio del 2025 se ingresó al Congreso de nuestro país la “Ley Integral de Salud Mental”, para impulsar una legislación integral en materia de salud mental pública y privada, con el objetivo de “promover y proteger la salud mental y el bienestar de todas las personas durante el desarrollo de sus vidas, con pleno respeto a la dignidad y de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República y en los Tratados internacionales suscritos por Chile”.
Este proyecto de ley, actualmente en su primer trámite constitucional en el Senado, recoge de manera consistente una de las principales demandas ciudadanas: la insuficiencia en el acceso a servicios de salud mental, manifestada en la percepción de escasez de profesionales, déficit de establecimientos y extensos tiempos de espera. La propuesta legislativa busca responder a esta problemática mediante el fortalecimiento de la red asistencial y la promoción de un modelo comunitario con continuidad de cuidados, lo que constituye un avance relevante en términos de cobertura y enfoque territorial. No obstante, el proyecto no explicita con suficiente precisión mecanismos de financiamiento ni metas operativas claras, lo que podría limitar su efectividad frente a brechas estructurales históricas. Asimismo, se incorpora adecuadamente la necesidad de intersectorialidad, especialmente importante para la articulación de redes, al proponer el enfoque de “salud mental en todas las políticas”, lo que constituye un acierto conceptual importante, al reconocer los determinantes sociales de la salud mental. Sin embargo, desde una perspectiva crítica y como suele ocurrir con las leyes, este marco legal se mantiene en un nivel programático, sin detallar instrumentos vinculantes ni mecanismos de gobernanza que aseguren una coordinación efectiva entre sectores, lo que podría reproducir la fragmentación institucional actualmente existente.
El proyecto de ley también busca reducir el estigma y garantizar la inclusión de personas con problemas de salud mental, objetivo que se recoge mediante un enfoque de derechos humanos, la promoción de la autonomía y medidas de desinstitucionalización, alineado con estándares internacionales. Sin embargo, se observa una limitada problematización de las condiciones materiales que dificultan dicha inclusión (pobreza, desigualdad o precariedad laboral), aspectos que la ciudadanía identifica indirectamente como determinantes relevantes. Por otra parte, la ley procura que se avance significativamente en el fortalecimiento de estrategias de prevención en salud mental, especialmente en la prevención del suicidio, proponiendo un enfoque integral multinivel (poblacional, comunitario e individual) y mecanismos de detección temprana del riesgo suicida. No obstante, el énfasis sigue estando fuertemente centrado en el sistema de salud, dejando en segundo plano intervenciones estructurales más amplias sobre los determinantes sociales que inciden en el malestar psíquico. Si bien este proyecto legislativo incorpora un modelo comunitario y territorial, y reconoce la importancia de la atención primaria y dispositivos locales, su desarrollo aún aparece más orientado a la estructura del sistema que al fortalecimiento efectivo del tejido social y comunitario, lo que podría limitar su impacto en dimensiones relacionales del bienestar.
Desde una perspectiva general y crítica, puede señalarse que el proyecto de ley constituye un avance significativo en términos de marco conceptual y reconocimiento de derechos, en consistencia con las principales demandas ciudadanas, pero presenta debilidades respecto de su operacionalización, especialmente en lo relativo a aspectos de financiamiento, mecanismos de implementación intersectorial y abordaje estructural de los determinantes sociales. En este sentido, existe el riesgo de que la ley logre modernizar el discurso y la arquitectura institucional, pero sin garantizar transformaciones sustantivas en las condiciones materiales que configuran la salud mental en la población. De esta manera, la efectividad de la ley señalada dependerá de su traducción en políticas de salud pública concretas, recursos suficientes y mecanismos reales y efectivos de articulación entre sectores, elementos que actualmente aparecen insuficientemente desarrollados.
El deterioro de la salud mental en nuestro país no ha presentado mejoras significativas en los últimos años, más bien ha sido un problema que se ha perpetuado durante un largo periodo de tiempo. La profundización y transformación de los trastornos tradicionales en los últimos años no está aislado de este hecho. Interfiere de manera directa la relación entre los determinantes sociales, brechas de género y las políticas públicas respecto a la salud mental de la población chilena. Además, el consumo exponencial y creciente de información a través de las redes sociales, también ha generado un fenómeno de autodiagnóstico por parte de la sociedad chilena, en donde problemas de salud mental son utilizadas para tapar otro tipo de problemas, frecuentemente relacionados a la adaptación y el desarrollo social.
Finalmente, por todo lo anterior, no hay duda de que la problemática del deterioro de la salud mental en Chile es un problema al que se debe dar máxima urgencia para ser abordado de manera efectiva por la institucionalidad gubernamental y privada, las políticas públicas y la acción de la sociedad civil.
