El desarrollo de la tecnología es tal vez uno de los principales recursos del que puede disponer la Administración pública para desarrollar sus funciones y ejercer sus potestades. Es cierto que desde siempre la Administración ha debido adaptarse a los tiempos, pasando de la escritura en papel a la máquina de escribir y de allí a los computadores, haciendo uso de diferentes dispositivos y sistemas para desarrollar la actividad de servicio público a la que esta llamada. Sin embargo, en los últimos años el vertiginoso desarrollo tecnológico ha sido exponencial, ampliando las funciones que realiza la Administración, así como los servicios que presta a la ciudadanía.

La incorporación de la tecnología en las actividades estatales no es solo un proceso técnico, constituye en muchos casos un cambio copernicano de entender, hacer y ejercer la función ejecutiva de gobernar y administrar el Estado, introduciendo cambios en la organización y en los procedimientos administrativos. La tecnología es un motor de la innovación pública, como afirmó ya hace tiempo la OCDE: “la tecnología es un facilitador, pero no una solución”.

Desde esta perspectiva, resulta necesario reconocer el importante papel que tiene el Derecho Administrativo en el proceso de incorporación de la tecnología en la Administración pública y en su uso en las relaciones con la ciudadanía. En los últimos años, a medida que la tecnología ha evolucionado y se ha extendido su utilización en el funcionamiento y desarrollo de la Administración pública, también se han sucedido normas que han reconocido o potenciado su uso, así como otras destinadas a garantizar la seguridad jurídica y los derechos de las personas en sus relaciones con el Estado.

Un estudio desarrollado por el Repositorio de Algoritmos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez arrojó que durante 2025 se registraron en Chile 162 algoritmos que apoyan la gestión de distintos organismos y servicios públicos en áreas muy diversas. Sin embargo, pese a esta realidad, aún no existe una normativa legal específica que regule el uso de inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas.

Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional un proyecto de ley destinado a regular estos sistemas. Asimismo, la Ley 21.719 sobre protección de datos personales —que entrará en vigor el 1 de diciembre de este año— incorpora referencias a las decisiones automatizadas basadas en tratamiento de datos, cuestión que exige una actualización y concordancia con las normas sobre procedimiento administrativo.

El desarrollo de las tecnologías de la información, el big data y la inteligencia artificial empuja y empujará aún más a la Administración del Estado a enfrentar desafíos y transformaciones que afectan directamente varios de sus elementos estructurales. Frente a este escenario de cambios acelerados, lo relevante es mantener y fortalecer la juridicidad de las actuaciones estatales, garantizando el cumplimiento de los fines públicos y el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El análisis también plantea que la integración de sistemas algorítmicos e inteligencia artificial ha comenzado a tensionar categorías tradicionales del Derecho Administrativo, especialmente la distinción entre actividad formal o jurídica y actividad material o técnica de la Administración.

La Ley N°19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos en Chile, se centra fundamentalmente en la actividad formal de la Administración y actualmente no contempla referencias explícitas a actuaciones automatizadas o algorítmicas. Esto genera una zona gris respecto de cómo deben entenderse jurídicamente este tipo de actuaciones y cuáles son sus límites y garantías.

El problema se vuelve especialmente relevante cuando decisiones automatizadas pueden afectar derechos o intereses de los ciudadanos sin intervención humana directa o sin una habilitación legal expresa.

En este contexto, el autor advierte que resulta fundamental incorporar toda actuación automatizada dentro del expediente electrónico administrativo, garantizando principios como transparencia, impugnabilidad, contradicción y debida motivación, evitando así una administración tecnocrática o arbitraria.

Finalmente, Emilio Oñate Vera sostiene que la inteligencia artificial y las decisiones automatizadas no constituyen una realidad futura, sino una transformación ya presente que exige al Estado adaptarse institucional y jurídicamente para resguardar el interés público y los derechos fundamentales en un escenario de cambio tecnológico permanente.