A mediados del siglo XX, en los hospitales pediátricos de Chile, el 80% de las camas estaban ocupadas por niños menores de dos años con desnutrición grave. La mayoría no sobrevivía. Los que lograban salir de alta volvían a sus casas — en poblaciones sin agua potable, sin alcantarillado — y muchos regresaban al hospital semanas después, o morían en el camino.

En los caminos rurales y urbanos, era frecuente ver a los niños ir al colegio a pie descalzo — una imagen tan extendida que el término «patipelados» quedó instalado en el lenguaje popular como expresión cotidiana de la pobreza.

En el Chile de esa época, la mortalidad infantil alcanzaba 120 por mil nacidos vivos — la más alta de América Latina. El 37% de los menores de seis años sufría algún grado de desnutrición, el 60% de la población vivía en pobreza, y la expectativa de vida al nacer era de apenas 38 años¹. Más de la mitad de las muertes en el país ocurrían antes de los quince años de edad.

Pero el problema era más grave de lo que aparentaba. No era solo una crisis de salud: era una crisis civilizacional. Los niños que lograban sobrevivir quedaban con sus capacidades cognitivas y físicas significativamente comprometidas para el resto de la vida, limitando su capacidad de aprender, trabajar y aportar.

Un país con la mitad de su población dañada desde la infancia no podía aspirar a salir de la pobreza, ni insertarse en la economía global, ni participar de la sociedad del conocimiento que ya se vislumbraba en el horizonte.

No era un problema social más: era la condición que hacía inviable cualquier proyecto de país.

En ese escenario apareció una figura que decidió dedicar su vida a este desafío. Fernando Monckeberg Barros, médico pediatra, había regresado de Estados Unidos — donde podría haber desarrollado una carrera científica de alto nivel — para trabajar con niños hospitalizados. Comprobó ahí que el problema no podía enfrentarse paciente por paciente: requería ciencia, política pública e instituciones operando en conjunto. Junto a un equipo de investigadores de diferentes disciplinas, se enfrentó al consenso dominante de la época: la idea de que el desarrollo económico debía alcanzarse primero, y que solo después sería posible mejorar las condiciones de salud y nutrición.

Plantearon lo contrario: sin un recurso humano protegido desde los primeros años de vida, no había desarrollo posible. La evidencia científica indicaba, además, que ambas estrategias no eran alternativas sino complementarias: debían desplegarse en forma simultánea, reforzándose mutuamente en el tiempo. Este equipo daría origen más tarde al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile.

Lo demostraron con evidencia. Durante más de una década de investigación, el equipo comprobó que el retraso de crecimiento que afectaba al 60% de los niños menores de cinco años no tenía causa genética — como se afirmaba entonces — sino era consecuencia directa del daño producido por la subalimentación temprana, con secuelas permanentes².

Y descubrieron algo aún más profundo: la alimentación, por sí sola, no bastaba. El desarrollo del niño dependía también del afecto, la estimulación sensorial y la calidad del entorno familiar³.

Este hallazgo instaló un nuevo paradigma: el ser humano como sistema integral, donde lo biológico, lo emocional y lo social son inseparables.

Sobre esta base científica se construyó una de las trayectorias país más exitosas de las últimas décadas. La evidencia dio dirección, y esa dirección se tradujo en una política pública sostenida por más de cincuenta años, a través de gobiernos de orientaciones políticas distintas, gracias a un equipo científico que trabajó activamente con cada administración, adaptándose a sus lenguajes y prioridades sin renunciar al propósito común.

Para inducir el cambio, el Estado puso a disposición los centros de salud primaria urbanos y rurales, y articuló una Política Nacional de Alimentación y Nutrición que organizó las distintas intervenciones en torno a un objetivo común.

En su marco se fortalecieron los principales programas de nutrición del país: el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), creado en 1954, centrado en la entrega de leche y alimentos para embarazadas, mujeres que amamantan y niños menores de 6 años, vigente hasta hoy, y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB, creado en 1964, dirigido a estudiantes desde la educación parvularia hasta la enseñanza media, que actualmente entrega cerca de 4 millones de raciones diarias en 12.000 establecimientos, con licitaciones del orden de US$ 1.900 millones para 2024-2027⁴.

La escala de esta demanda pública sostenida movilizó al sector privado a coinvertir y desarrollar capacidades industriales nuevas, lo que permitió el surgimiento y consolidación de una industria alimentaria nacional, desde la producción de leche en polvo hasta los servicios logísticos y de control de calidad — articulación virtuosa entre política pública y desarrollo productivo.

La Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN), fundada en 1974, se hizo cargo del tratamiento de los desnutridos más graves, recuperando a más de 85.000 niños, con una mortalidad menor al 2% frente al 28% del sistema hospitalario convencional-diferencia explicada por la incorporación sistemática de estimulación afectiva junto al tratamiento nutricional, de acuerdo con la evidencia demostrada en las investigaciones clínicas. Hoy CONIN, sigue atendiendo a niños con enfermedades crónicas graves.

En la misma línea, este esfuerzo integral transformó también el entorno del niño: impulsó el primer programa público de planificación familiar de América Latina (1965)⁶, orientado a reducir la mortalidad materna e infantil y al bienestar familiar; instaló más de 360.000 unidades sanitarias entre 1974 y 1985⁷; y expandió el agua potable y alcantarillado hasta alcanzar prácticamente el 100% de cobertura urbana y más del 80% a nivel rural⁸.

Hoy Chile es uno de los pocos países del mundo donde el agua puede beberse directamente de la red.

Los resultados están a la vista. La mortalidad infantil descendió de 120 a 6 por mil. El bajo peso al nacer cayó de 19,2% a menos de 4%. La talla promedio aumentó 12 centímetros en una generación⁹.

La expectativa de vida pasó de 38 a 80 años. La escolaridad promedio subió de 2 a 14 años, y la cobertura de educación superior pasó del 8% en 1980 a 53% en 2025¹⁰.

En articulación con las políticas económicas implementadas en distintos períodos — particularmente la apertura comercial y la diversificación productiva — el ingreso per cápita se multiplicó por más de cincuenta veces, la pobreza se redujo del 60% al 8,6%, y la clase media se triplicó.

La tesis original se confirmó: el desarrollo de las capacidades humanas precede y habilita el desarrollo económico. Cuando la ciencia genera evidencia, cuando hay liderazgos dispuestos a hacer de esa evidencia una causa de vida, y cuando Estado, academia, sector privado y sociedad civil articulan capacidades en torno a un propósito común, es posible transformar estructuralmente el horizonte de un país.

La experiencia chilena recuerda que las trayectorias país basadas en la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación no se construyen solo en los laboratorios, los centros de investigación o los programas de financiamiento: se construyen cuando la evidencia orienta decisiones públicas sostenidas en el tiempo.

Esa es la trama que convierte el conocimiento en desarrollo.

Chile lo hizo una vez. La pregunta ya no es si puede hacerlo. Es qué nueva trayectoria está dispuesto a construir.

Texto preparado por Ignacio Merino, con los aportes y validación del Dr. Fernando
Monckeberg Barros — fundador de INTA y CONIN, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas
y Tecnológicas 1998 y Premio Nacional de Medicina 2012 — y del Dr. Patricio Silva,
Presidente de CONIN.

Referencias:

¹ Mönckeberg F., «Prevención de la desnutrición en Chile: experiencia vivida por un actor y espectador», Revista Chilena de Nutrición, Vol. 30, Suplemento Nº1, 2003. ² Mönckeberg F., «Jaque al Subdesarrollo», Editorial Gabriela Mistral, 1974. ³ Mönckeberg F., op. cit., 2003. ⁴ JUNAEB, bases de licitación PAE/PAP 2024-2027; Mineduc 2025. ⁵ Mönckeberg F., op. cit., 2003. ⁶ Política Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, MINSAL, 2018. ⁷ Mönckeberg F., op. cit., 2003. ⁸ Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), informes 2023-2024. ⁹ Mönckeberg F., op. cit., 2003. ¹⁰ Servicio de Información de Educación Superior (SIES), Informe Matrícula 2025.