La sequía es un escenario que ha demostrado que, políticas bien inspiradas, pueden generar efectos contrarios a los buscados. Es lo que se ha visto en lugares tan disímiles como el estado de California, en EE.UU, como el de la provincia sudafricana Cabo Occidental: los gobiernos de ambas jurisdicciones tomaron decisiones políticas que buscaron mejorar el acceso a las decrecientes fuentes de agua, pero que temminaron manteniendo o ampliando las desigualdades en las experiencias vividas por la ciudadanía. 

Esta es la conclusión a la que llegó una investigación de las académicas de la School for Environment and Sustainability de la Universidad de Michigan, Olivia David y Sara Hughes, las que entre sus resultados pudieron constatar que “la acción e inacción del gobierno en respuesta a la sequía pueden afectar los acuerdos y distribuciones de ciudadanía hidráulica con consecuencias para la justicia hídrica”. 

La investigación denominada Whose water crisis? How policy responses to acute environmental change widen inequality, utilizó un método de estudio de casos, en el que recopilaron entrevistas semi estructuradas hechas a personas que vivieron crisis hídricas y sequías recientes en California, Estados Unidos; y en Cabo Occidental, Sudáfrica. El análisis se basó en observar cuáles fueron los efectos que las decisiones de las administraciones locales tuvieron en la población, buscando observar si estas decisiones políticas afectaron en alguna medida la desigualdad que estas poblaciones ya tenían en el acceso al agua. 

Para esto, las autoras utilizaron el concepto de ciudadanía hidráulica, entendida como aquel reconocimiento social y político que tienen los ciudadanos de una comunidad política a través de la prestación de servicios de agua y la calidad de su membresía en un régimen particular de distribución del agua. De esta forma, las autoras pudieron examinar la ciudadanía hidráulica de los habitantes de California y Cabo Occidental antes y después de determinadas acciones políticas de las autoridades para enfrentar determinados eventos de crisis hídrica en esas localidades.

El caso de California se centró en una seguidilla de sequías ocurridas entre los años 2012 y 2016, momentos en los que el entonces gobernador Brown emitió órdenes ejecutivas exigiendo la conservación del agua en espera de nuevas lluvias. 

Según la investigación, la situación previa de ciudadanía hidráulica de la población californiana ya manifestaba bastantes elementos de desigualdad debido a la disparidad en la calidad y acceso al agua de los habitantes del Estado a causa del fragmentado sistema de suministro del recurso hídrico en California. Las autoras se refieren a la relevancia que el agua tuvo para la conformación de la industria agrícola en los albores del Estado de California, y posteriormente para la instalación de zonas metropolitanas de gran envergadura, como Los Ángeles y San Francisco. 

En ese sentido, uno de los problemas principales en materia de desigualdad en acceso al agua tiene que ver con las comunidades menos acomodadas que viven en Valle Central y su dependencia total o parcial de pozos domésticos. Esto “significa que sus suministros de agua son desproporcionadamente propensos a problemas relacionados con la sobreexplotación de aguas subterráneas y la contaminación por escorrentía agrícola”, menciona el estudio. Estos problemas de acceso y calidad, significan que la población que vive fuera de las grandes urbes en condiciones menos ventajosas suele tener que comprar agua embotellada, encareciendo el suministro del recurso.

La decisión del Estado de reducir los suministros de agua superficial para la agricultura aumentó la dependencia de la industria agrícola del agua subterránea, generando escasez para los usuarios domésticos de agua subterránea.

Según esta investigación, “la decisión del Estado de reducir los suministros de agua superficial para la agricultura aumentó la dependencia de la industria agrícola del agua subterránea, generando escasez para los usuarios domésticos de agua subterránea”. La falta de regulación sobre estas aguas en estos casos significó que “más de 2000 pozos domésticos se declararan secos durante el periodo de sequía de 2012-2016”. Ante esto, la autoridad política tuvo que financiar el suministro de agua embotellada. 

Al mismo tiempo, otra política pública implementada fue la de encarecer el agua para así desincentivar el uso excesivo del recurso hídrico. “Dichos aumentos de precios afectan desproporcionadamente a las comunidades y clientes de bajos ingresos, ampliando aún más la brecha económica”, mencionan las investigadoras.

En el caso de Cabo Occidental, en Sudáfrica, años consecutivos de escasez de precipitaciones significaron niveles históricamente bajos en las represas que componen el sistema de abastecimiento hídrico de Cabo Occidental entre los años 2015 y 2018. La respuesta gubernamental frente a la sequía fue una fuerte campaña comunicacional que derivó en un racionamiento del recurso, de manera que en los momentos más complejos de la crisis se fijó un gasto de 50 litros de agua por día por persona.

Las investigadoras señalan que la distribución y suministro de agua responde en gran medida a herencias desde la época del apartheid, de manera que “las comunidades más pobres de Ciudad el Cabo que viven en los márgenes de la ciudad dependen de grifos comunitarios y de la política de Agua Básica Gratuita (FBW) post-apartheid de Sudáfrica, mientras que la élite principalmente blanca, disfruta de una sensación de seguridad hídrica basada en la canalización histórica de derechos hacia propiedad blanca”. 

Según este estudio, la política de restringir el uso de agua a 50 litros por persona por día no tuvo mayor efecto en las personas pobres, debido a que el suministro del programa Agua Básica Gratuita ya permitía un uso de sólo la mitad de esa cantidad de agua. Es decir, la restricción sólo ponía en perspectiva una crisis hídrica que ya ocurría desde hace años para las poblaciones más marginadas. 

Por el contrario, tal restricción afectó a la población de mejores condiciones económicas, los cuales, aprovechando la falta de legislación sobre el tema, utilizaron sus propiedades y predios para reconfigurar el sistema de acceso al agua abriendo nuevos pozos y captando mayor cantidad de agua subterránea y también desde las lluvias. “Tales acciones fueron respaldadas por políticas que permitieron la extracción privada de agua subterránea sin trabas”, menciona el estudio.

También se dieron alzas en los precios del recurso hídrico, los cuales no solo afectaron a los hogares de alto consumo, sino que también a los hogares “no indigentes”.

En este contexto, también se dieron alzas en los precios del recurso hídrico, los cuales no solo afectaron a los hogares de alto consumo, sino que también a los hogares “no indigentes”. Esto significó que activistas por el agua se manifestaran en contra de estas políticas señalando que “las medidas de conservación del agua de la ciudad, especialmente los aumentos de tarifas, eran una violación tanto de los derechos constitucionalmente consagrados al agua como de una economía moral basada en la idea del agua como un bien público”. 

El artículo “destaca las sequías y las respuestas a las sequías como espacios políticos importantes para promover la justicia social y ambiental”, y agrega que “comprender cómo las respuestas políticas impactan las experiencias de ciudadanía hixráulica nos ayuda a explicar y comprender las barreras para promover la justicia hídrica: los esfuerzos de los gobiernos para lograrlo pueden verse socavados por sus propias decisiones políticas”.