El aumento de la violencia en establecimientos educacionales se ha transformado en una de las principales preocupaciones del sistema escolar chileno. Con más de 26 mil casos anuales y un crecimiento significativo en denuncias por maltrato, el fenómeno comienza a consolidarse como un problema estructural que exige respuestas más profundas que las medidas de control inmediato.
En este contexto, el investigador de CISO Neftalí Carabantes advierte que el país enfrenta un escenario que requiere políticas públicas cuidadosamente diseñadas y no respuestas legislativas impulsadas por la urgencia.
“Estamos frente a un fenómeno preocupante y en alza”, señala, agregando que la violencia no solo afecta la convivencia escolar, sino también la percepción de seguridad de la ciudadanía y el funcionamiento de espacios educativos que deberían ser entornos de formación, diálogo y desarrollo personal.
Actualmente, el Ejecutivo ha impulsado iniciativas como el plan Escuelas Protegidas, que contempla medidas como la revisión de mochilas, restricciones al uso de elementos que oculten la identidad y el endurecimiento de sanciones. Sin embargo, Carabantes advierte que este tipo de respuestas debe analizarse con cautela.
A su juicio, existe el riesgo de avanzar hacia soluciones simbólicas con bajo impacto real si el debate legislativo se desarrolla bajo presión.
“El riesgo es legislar rápido y consecuencialmente aprobar una ley simbólica y de nulo impacto real”, sostiene.
Uno de los puntos más discutidos ha sido la eventual instalación de detectores de metales en establecimientos educacionales. Sobre esta medida, el académico plantea que su implementación requiere condiciones técnicas, operativas y legales que no siempre están presentes.
Además de los costos asociados, advierte que la evidencia internacional muestra que este tipo de herramientas no aborda las causas profundas de la violencia escolar y puede ser fácilmente evadido o desplazado hacia espacios cercanos al establecimiento.
Desde el punto de vista pedagógico, agrega que la instalación de este tipo de sistemas podría generar efectos negativos en la convivencia escolar.
Según explica, su uso podría transmitir una lógica de criminalización del estudiante y deteriorar la confianza dentro de la comunidad educativa, acercando el ambiente escolar a una lógica de control incompatible con su función formativa.
Carabantes también cuestiona propuestas orientadas a restringir beneficios educativos en función de antecedentes penales, señalando que el derecho a la educación constituye una garantía universal que no puede condicionarse sin afectar principios fundamentales como la igualdad ante la ley y la reinserción social.
Más allá de las medidas de control, el investigador plantea que el desafío principal es abordar las causas estructurales de la violencia escolar.
En esa línea, destaca la importancia de fortalecer la convivencia escolar desde el currículum educativo, incorporar formación socioemocional y desarrollar habilidades para la resolución pacífica de conflictos, experiencias que han mostrado resultados positivos en sistemas educativos internacionales.
“El gran desafío es dejar de reaccionar frente a los efectos y comenzar a trabajar sobre las causas”, concluye.
Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/04/11/carabantes-por-violencia-escolar-el-riesgo-es-aprobar-leyes-simbolicas-y-de-nulo-impacto-real/
